Desde los años finales del franquismo, pero sobre todo desde el denominado espíritu del 12 de febrero de 1974, los denominados aperturistas del régimen intentaban que la transición que necesariamente habría de abrirse tras la inevitable muerte de Franco, fuese por cauces moderados y no representase un vuelco político que afectara a los intereses sociales y económicos establecidos; estaban dispuestos a una reforma que transformara las instituciones franquistas, pero con una continuidad institucional que garantizara esa moderación. El llamado búnker involucionista había perdido la figura de Luis Carrero Blanco (asesinado por ETA meses antes), pero sus conexiones con el ejército le hacían aún una fuerza a considerar.
Por su parte, la oposición democrática, formada por partidos ilegales, se organizó precariamente en instituciones de coordinación.
Durante los treinta y cinco años de dictadura franquista, la mayor parte de las fuerzas políticas que han integrado la oposición antifranquista definieron sus posiciones en función de esa forma concreta de gobierno, dejando para otro momento, o relegando a segundo plano, el definirse respecto a otros aspectos más importantes del sistema capitalista dominante en España y de su Estado. En aquellas posiciones predomina lo accidental sobre lo esencial, el corto plazo sobre el largo plazo, el antifranquismo sobre el anticapitalismo.
Nos enfrentamos hoy con los resultados de esa política tan corta de miras y tan larga en años. La dictadura toca a su fin por la inminente desaparición física de quien la ejerce, sin que exista alternativa alguna de «izquierdas»(1) capaz de remplazarla.
Ruedo Ibérico
En CRI nº 43/45, enero-junio 1975
Inicio del reinado de Juan Carlos I.
Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición.
La oposición democrática sospechaba que la monarquía sería una mera continuación del franquismo sin Franco y el rey poco más que una figura decorativa.
El nuevo monarca se rodeó, o fue rodeado – eso nunca quedará claro – por un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político.
Este plan que se vino a denominar la reforma consistía en aplicar una serie de cambios controlados que garantizasen la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema «homologable con nuestro entorno», desde las propias leyes franquistas y sin ningún tipo de ruptura con el poder. Para eso se necesitaban el permiso del régimen y el aval de al menos una parte de la oposición.
Es decir: de la dictadura a la democracia «sin romperla ni mancharla».
- Uno se organizaba en torno al PSOE: Plataforma de Convergencia Democrática.
- El otro en torno al PCE: Junta democrática.
- La Plataforma fue creada en junio de 1975 por Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Movimiento Comunista (MC), Izquierda Democrática, Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Unión Socialdemócrata Española y democristianos y socialdemócratas a título particular. Poco después ingresó el Partido Carlista y se marchó la ORT.
- La Junta nació el 29 de julio de 1974 en París impulsada por el Partido Comunista de España (PCE), liderado entonces por Santiago Carrillo. En ella estuvieron integrados: Partido Comunista de España (PCE), Partido del Trabajo de España (PTE), Partido Carlista, Comisiones Obreras (CCOO), el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, la ASA de Rojas Marcos, asociaciones judiciales, profesionales, de vecinos, etc. – todas ellas infiltradas por el PCE – y a título particular algunos como: Rafael Calvo Serer, Antonio García-Trevijano Forte y el intelectual progresista José Vidal-Beneyto.
Los trabajadores del metro de Madrid se levantaron en huelga el 5 de enero. Cinco días después el ejército desalojaba y ocupaba las instalaciones para terminar con la protesta. Sólo en las primeras semanas de enero la suma de distintos paros en Madrid movilizó a 300.000 trabajadores.
Mientras el régimen hizo lo imposible por dividir a la oposición:
- En lo sindical, se caracteriza por introducir todo tipo de trabas a la consolidación de CCOO y favorecer la dispersión sindical, en un esfuerzo por evitar la unidad sindical. Mientras se perseguía a CCOO, una delegación del PSOE, con FeIipe González y Nicolás Redondo a la cabeza, se entrevistaban con Manuel Fraga (Ministro del Interior, 1975-76).
- El 15 de abril UGT había celebrado su XXX Congreso, tolerado por las autoridades; mientras tanto, Marcelino Camacho estaba otra vez en prisión.
- El Secretariado de la Coordinadora General de CCOO decidió celebrar la Asamblea General de CCOO en Madrid, en la que estaba previsto que participaran 2.000 delegados de toda España. Se realizó la petición oficial a las autoridades gubernativas, para los días 27, 28 y 29 de junio de 1976. El gobierno la prohibió.
- En lo político tratando de aislar al PCE y al resto de partidos comunistas. Los militares no podían ir más allá.
Las cosas estaban así:
«Con abundante financiación alemana, aprobación de Washington y conocimiento de los servicios de información de Franco, el asalto al poder del clan sevillano (PSOE felipista) contribuyó a conducir la España de la posdictadura hacia los puertos señalados desde esos mismos poderes. Hay que recordar que el primer caso de corrupción de la era felipista estalló en 1984, el caso Flick, industria de armamentos que derivó entre 1973-1976 dinero negro hacia Mario Soares (que crearía el partido socialista portugués) y a Felipe González. Después de 1977 la alemana Ebert continuó financiando al equipo de González, que además fue subvencionado desde bancos y grandes empresas en cuantías que sumaban miles de millones de pesetas siempre en forma oculta. Esto sucedió también con otras fundaciones alemanas democristianas y liberales respecto a otros partidos afines en España. El caso Flick se cerró por la posible implicación también del partido de Fraga en otro caso similar.»
Partido SAIn (Solidaridad y Autogestión Internacionalista)nicio
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