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Desde los años finales del franquismo, pero sobre todo desde el denominado espíritu del 12 de febrero de 1974, los denominados aperturistas del régimen intentaban que la transición que necesariamente habría de abrirse tras la inevitable muerte de Franco, fuese por cauces moderados y no representase un vuelco político que afectara a los intereses sociales y económicos establecidos; estaban dispuestos a una reforma que transformara las instituciones franquistas, pero con una continuidad institucional que garantizara esa moderación. El llamado búnker involucionista había perdido la figura de Luis Carrero Blanco (asesinado por ETA meses antes), pero sus conexiones con el ejército le hacían aún una fuerza a considerar.


Por su parte, la oposición democrática, formada por partidos ilegales, se organizó precariamente en instituciones de coordinación.

Durante los treinta y cinco años de dictadura franquista, la mayor parte de las fuerzas políticas que han integrado la oposición antifranquista definieron sus posiciones en función de esa forma concreta de gobierno, dejando para otro momento, o relegando a segundo plano, el definirse respecto a otros aspectos más importantes del sistema capitalista dominante en España y de su Estado. En aquellas posiciones predomina lo accidental sobre lo esencial, el corto plazo sobre el largo plazo, el antifranquismo sobre el anticapitalismo.
Nos enfrentamos hoy con los resultados de esa política tan corta de miras y tan larga en años. La dictadura toca a su fin por la inminente desaparición física de quien la ejerce, sin que exista alternativa alguna de «izquierdas»
(1) capaz de remplazarla.

Ruedo Ibérico
En CRI nº 43/45, enero-junio 1975




Inicio del reinado de Juan Carlos I. 




Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición.


La oposición democrática sospechaba que la monarquía sería una mera continuación del franquismo sin Franco y el rey poco más que una figura decorativa.


El nuevo monarca se rodeó, o fue rodeado –  eso nunca quedará claro – por  un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político.


Este plan que se vino a denominar la reforma consistía en aplicar una serie de cambios controlados que garantizasen la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema “homologable con nuestro entorno”, desde las propias leyes franquistas y sin ningún tipo de ruptura con el poder. Para eso se necesitaban el permiso del régimen y el aval de al menos una parte de la oposición.


Es decir: de la dictadura a la democracia “sin romperla ni mancharla”.


El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976)



En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior, al Conde de Motrico, en el no menos clave, de Exteriores y a figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa. Como contrapeso se nombró vicepresidente para asuntos de Defensa a un militar incondicionalmente franquista: el general Fernando de Santiago.

Mientras la oposición democrática estaba dividida – simplificando mucho – en dos bloques:

  • Uno se organizaba en torno al PSOE: Plataforma de Convergencia Democrática.
  • El otro en torno al PCE: Junta democrática.
Plataforma y Junta 
Los apoyos con que contaban ambos organismos eran diversos y distintos: mientras que la Plataforma, sin arraigo popular de ningún tipo, contaba con importantes apoyos económicos, mediáticos y políticos en la embajada de EEUU, en la Alemania gobernada por Willy  Brandt y en muchos partidos socialdemócratas europeos, la Junta solo contaba con el relativo apoyo popular que se le prestaba desde las organizaciones de base: asociaciones de vecinos, culturales, judiciales, de abogados… y fundamentalmente desde el movimiento obrero.

Por otro lado el régimen (y eso entonces suponía toda la información publicada en España) privilegiaba a la Plataforma -autorización de actos públicos, mítines, Congresos, reuniones internacionales –  y demonizaba a la Junta.

Con ésta última, la Junta, aparte los contactos – “discretos” – que pudiera haber, la negociación estaba mediada por el TOP, la Brigada Político Social y las porras de los “grises”.  

En 1976, como respuesta a los proyectos reformistas del Gobierno de Adolfo Suárez, se crea la Plataforma de Organismos Democráticos, que congrega prácticamente a toda la oposición: Coordinación Democrática, Asamblea de Cataluña y numerosos partidos de otras regiones.

El año 1976 fue decisivo. Empezó como una tempestad, un verdadero tsunami, que se extendió por el conjunto del Estado con la velocidad de la luz.


Los trabajadores del metro de Madrid se levantaron en huelga el 5 de enero. Cinco días después el ejército desalojaba y ocupaba las instalaciones para terminar con la protesta. Sólo en las primeras semanas de enero la suma de distintos paros en Madrid movilizó a 300.000 trabajadores.

En Euskadi las luchas fueron aún más intensas. El estallido de Vitoria durante tres meses de luchas dejó a las autoridades franquistas la siguiente impresión:

“el ensayo en nuestra provincia ha sido total: huelgas políticas y huelgas laborales se han confundido en un solo movimiento que no deja de antojárse un serio intento revolucionario”.

1976 fue un año en que las huelgas y las movilizaciones sacudieron el Estado español. El número de horas perdidas por los paros fue de 110 millones, 10 veces superiores al año anterior. Así 1976 culminaba un ascenso difícil y lento de luchas obreras que tenían sus orígenes en los 60.

Sin embargo, la intencionalidad de esta convocatoria generalizada se situaba ya en conseguir una posición de fuerza por parte de la oposición democrática de cara a la negociación con el régimen.

Así 1976, que había empezado con una sacudida de huelgas por todo el Estado, terminó en diciembre con el referéndum para una Ley de Reforma Política que sentó las bases para la transición continuista con el franquismo.


Mientras el régimen hizo lo imposible por dividir a la oposición:

  •     En lo sindical, se caracteriza por introducir todo tipo de trabas a la consolidación de CCOO y favorecer la dispersión sindical, en un esfuerzo por evitar la unidad sindical. Mientras se perseguía a CCOO, una delegación del PSOE, con FeIipe González y Nicolás Redondo a la cabeza, se entrevistaban con Manuel Fraga (Ministro del Interior, 1975-76).
  • El 15 de abril UGT había celebrado su XXX Congreso, tolerado por las autoridades; mientras tanto, Marcelino Camacho estaba otra vez en prisión.
  • El Secretariado de la Coordinadora General de CCOO decidió celebrar la Asamblea General de CCOO en Madrid, en la que estaba previsto que participaran 2.000 delegados de toda España. Se realizó la petición oficial a las autoridades gubernativas, para los días 27, 28 y 29 de junio de 1976. El gobierno la prohibió. 
  • En lo político tratando de aislar al PCE y al resto de partidos comunistas. Los militares no podían ir más allá.

Las cosas estaban así:

“Con abundante financiación alemana, aprobación de Washington y conocimiento de los servicios de información de Franco, el asalto al poder del clan sevillano (PSOE felipista) contribuyó a conducir la España de la posdictadura hacia los puertos señalados desde esos mismos poderes. Hay que recordar que el primer caso de corrupción de la era felipista estalló en 1984, el caso Flick, industria de armamentos que derivó entre 1973-1976 dinero negro hacia Mario Soares (que crearía el partido socialista portugués) y a Felipe González. Después de 1977 la alemana Ebert continuó financiando al equipo de González, que además fue subvencionado desde bancos y grandes empresas en cuantías que sumaban miles de millones de pesetas siempre en forma oculta. Esto sucedió también con otras fundaciones alemanas democristianas y liberales respecto a otros partidos afines en España. El caso Flick se cerró por la posible implicación también del partido de Fraga en otro caso similar.”




Salud y República

 Éste dilema se nos presentaba a los españoles en la primavera de 1976.
Escogimos la reforma.

¿Pudo hacerse otra cosa?

“Fueron las movilizaciones populares, y no el Rey y los reformistas, las que trajeron la democracia.” 

“Si bien el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle”. 



Vincenç Navarro


La mayoría de los españoles están convencidos de que la transición a la democracia – además de constituir en si misma, un proceso ejemplar – tuvo como protagonistas e impulsores principales al actual rey y a los propios  franquistas.




Ésta idea, difundida interesadamente por “todos” los medios de comunicación, es radicalmente falsa.




Ni el rey era un demócrata emboscado, ni los franquistas tenían el menor deseo de perder ninguno de sus privilegios.




Uno y otros fueron acomodando sus posiciones a la evolución de los acontecimientos sin perder ni un momento de vista sus verdaderos objetivos:

  • El monarca, conservar la monarquía para si y sus descendientes.
  • Los franquistas, mantener su privilegiada situación.
Y debe reconocerse que los consiguieron plenamente. Con mucha colaboración, todo hay que decirlo, por parte de la oposición democrática. 





En todo proceso negociador – y eso, no otra cosa fue la Transición, una negociación – unos ganan más y otros menos… o directamente pierden.




Y entonces ganó el Régimen y perdió el pueblo español, que soporta hoy una democracia raquítica… sin darse cuenta de ello.




Aunque para ser justos hay que reconocer que la correlación de fuerzas no era favorable a la oposición.





(Nota) – Art. siguiente: Juan Carlos I




Salud y República



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