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Desde los años finales del franquismo, pero sobre todo desde el denominado espíritu del 12 de febrero de 1974, los denominados aperturistas del régimen intentaban que la transición que necesariamente habría de abrirse tras la inevitable muerte de Franco, fuese por cauces moderados y no representase un vuelco político que afectara a los intereses sociales y económicos establecidos; estaban dispuestos a una reforma que transformara las instituciones franquistas, pero con una continuidad institucional que garantizara esa moderación. El llamado búnker involucionista había perdido la figura de Luis Carrero Blanco (asesinado por ETA meses antes), pero sus conexiones con el ejército le hacían aún una fuerza a considerar.


Por su parte, la oposición democrática, formada por partidos ilegales, se organizó precariamente en instituciones de coordinación.

Durante los treinta y cinco años de dictadura franquista, la mayor parte de las fuerzas políticas que han integrado la oposición antifranquista definieron sus posiciones en función de esa forma concreta de gobierno, dejando para otro momento, o relegando a segundo plano, el definirse respecto a otros aspectos más importantes del sistema capitalista dominante en España y de su Estado. En aquellas posiciones predomina lo accidental sobre lo esencial, el corto plazo sobre el largo plazo, el antifranquismo sobre el anticapitalismo.
Nos enfrentamos hoy con los resultados de esa política tan corta de miras y tan larga en años. La dictadura toca a su fin por la inminente desaparición física de quien la ejerce, sin que exista alternativa alguna de «izquierdas»
(1) capaz de remplazarla.

Ruedo Ibérico
En CRI nº 43/45, enero-junio 1975




Inicio del reinado de Juan Carlos I. 




Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición.


La oposición democrática sospechaba que la monarquía sería una mera continuación del franquismo sin Franco y el rey poco más que una figura decorativa.


El nuevo monarca se rodeó, o fue rodeado –  eso nunca quedará claro – por  un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político.


Este plan que se vino a denominar la reforma consistía en aplicar una serie de cambios controlados que garantizasen la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema “homologable con nuestro entorno”, desde las propias leyes franquistas y sin ningún tipo de ruptura con el poder. Para eso se necesitaban el permiso del régimen y el aval de al menos una parte de la oposición.


Es decir: de la dictadura a la democracia “sin romperla ni mancharla”.


El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976)



En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior, al Conde de Motrico, en el no menos clave, de Exteriores y a figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa. Como contrapeso se nombró vicepresidente para asuntos de Defensa a un militar incondicionalmente franquista: el general Fernando de Santiago.

Mientras la oposición democrática estaba dividida – simplificando mucho – en dos bloques:

  • Uno se organizaba en torno al PSOE: Plataforma de Convergencia Democrática.
  • El otro en torno al PCE: Junta democrática.
Plataforma y Junta 
Los apoyos con que contaban ambos organismos eran diversos y distintos: mientras que la Plataforma, sin arraigo popular de ningún tipo, contaba con importantes apoyos económicos, mediáticos y políticos en la embajada de EEUU, en la Alemania gobernada por Willy  Brandt y en muchos partidos socialdemócratas europeos, la Junta solo contaba con el relativo apoyo popular que se le prestaba desde las organizaciones de base: asociaciones de vecinos, culturales, judiciales, de abogados… y fundamentalmente desde el movimiento obrero.

Por otro lado el régimen (y eso entonces suponía toda la información publicada en España) privilegiaba a la Plataforma -autorización de actos públicos, mítines, Congresos, reuniones internacionales –  y demonizaba a la Junta.

Con ésta última, la Junta, aparte los contactos – “discretos” – que pudiera haber, la negociación estaba mediada por el TOP, la Brigada Político Social y las porras de los “grises”.  

En 1976, como respuesta a los proyectos reformistas del Gobierno de Adolfo Suárez, se crea la Plataforma de Organismos Democráticos, que congrega prácticamente a toda la oposición: Coordinación Democrática, Asamblea de Cataluña y numerosos partidos de otras regiones.

El año 1976 fue decisivo. Empezó como una tempestad, un verdadero tsunami, que se extendió por el conjunto del Estado con la velocidad de la luz.


Los trabajadores del metro de Madrid se levantaron en huelga el 5 de enero. Cinco días después el ejército desalojaba y ocupaba las instalaciones para terminar con la protesta. Sólo en las primeras semanas de enero la suma de distintos paros en Madrid movilizó a 300.000 trabajadores.

En Euskadi las luchas fueron aún más intensas. El estallido de Vitoria durante tres meses de luchas dejó a las autoridades franquistas la siguiente impresión:

“el ensayo en nuestra provincia ha sido total: huelgas políticas y huelgas laborales se han confundido en un solo movimiento que no deja de antojárse un serio intento revolucionario”.

1976 fue un año en que las huelgas y las movilizaciones sacudieron el Estado español. El número de horas perdidas por los paros fue de 110 millones, 10 veces superiores al año anterior. Así 1976 culminaba un ascenso difícil y lento de luchas obreras que tenían sus orígenes en los 60.

Sin embargo, la intencionalidad de esta convocatoria generalizada se situaba ya en conseguir una posición de fuerza por parte de la oposición democrática de cara a la negociación con el régimen.

Así 1976, que había empezado con una sacudida de huelgas por todo el Estado, terminó en diciembre con el referéndum para una Ley de Reforma Política que sentó las bases para la transición continuista con el franquismo.


Mientras el régimen hizo lo imposible por dividir a la oposición:

  •     En lo sindical, se caracteriza por introducir todo tipo de trabas a la consolidación de CCOO y favorecer la dispersión sindical, en un esfuerzo por evitar la unidad sindical. Mientras se perseguía a CCOO, una delegación del PSOE, con FeIipe González y Nicolás Redondo a la cabeza, se entrevistaban con Manuel Fraga (Ministro del Interior, 1975-76).
  • El 15 de abril UGT había celebrado su XXX Congreso, tolerado por las autoridades; mientras tanto, Marcelino Camacho estaba otra vez en prisión.
  • El Secretariado de la Coordinadora General de CCOO decidió celebrar la Asamblea General de CCOO en Madrid, en la que estaba previsto que participaran 2.000 delegados de toda España. Se realizó la petición oficial a las autoridades gubernativas, para los días 27, 28 y 29 de junio de 1976. El gobierno la prohibió. 
  • En lo político tratando de aislar al PCE y al resto de partidos comunistas. Los militares no podían ir más allá.

Las cosas estaban así:

“Con abundante financiación alemana, aprobación de Washington y conocimiento de los servicios de información de Franco, el asalto al poder del clan sevillano (PSOE felipista) contribuyó a conducir la España de la posdictadura hacia los puertos señalados desde esos mismos poderes. Hay que recordar que el primer caso de corrupción de la era felipista estalló en 1984, el caso Flick, industria de armamentos que derivó entre 1973-1976 dinero negro hacia Mario Soares (que crearía el partido socialista portugués) y a Felipe González. Después de 1977 la alemana Ebert continuó financiando al equipo de González, que además fue subvencionado desde bancos y grandes empresas en cuantías que sumaban miles de millones de pesetas siempre en forma oculta. Esto sucedió también con otras fundaciones alemanas democristianas y liberales respecto a otros partidos afines en España. El caso Flick se cerró por la posible implicación también del partido de Fraga en otro caso similar.”




Salud y República

franco de gala

Franco

La Corte Suprema de Argentina declaró el pasado martes – 27 de abril de 2010 – la inconstitucionalidad de los indultos con los que Menem favoreció al ex dictador Jorge Videla, a Martínez de Hoz – ex ministro de economía – y también al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

¡Que envidia! ¿verdad? ¿que diferencia?

Recordemos un poco…


“Producido el movimiento (Base 5a) y declarado el Estado de Guerra…se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.”
“…OCTAVA.- En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que de lugar el bando de Estado de Guerra,deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios”.

Octava Orden de Urgencia, a cargo de la Junta de Gobierno

“Serán pasado por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos”.




Aquí, en España, muy al contrario, se trata de empapelar al único juez que atendiendo la petición de las víctimas del franquismo, trató de investigar lo sucedido entre 1936 y las primeras elecciones libres.

Y eso que lo acontecido durante la dictadura franquista convierte a los “junteros” militares chilenos y argentinos en modestos aprendices de Franco.

Dictadura de Franco, resumiendo mucho:

  • 150.000 fusilados siguen, 70 años después, diseminados en más 2.000 fosas comunes.
  • Más de 30.000 niños robados a sus padres siguen desaparecidos.
  • 3.500.000 represaliados.
  • Miles de juicios sumarísimos que hoy siguen sin anular.
  • Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la dictadura franquista, el pasado 17 de marzo de 2006, primer reconocimiento internacional del denominado caso de los niños perdidos, hijos de presas republicanas arrebatados a sus madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen.
  • Pero también niños impunemente secuestrados en Francia, y otros países para su “reintegración a la patria”, todavía en los cincuenta.
  • Más el exilio republicano “permanente” constituido por más de 220.000 personas.

Como podemos ver:

En España, tierra del Cid

y de “Maria Santísima”, se ganan

batallas después de morir.




Conclusión de:

Las terribles dictaduras latino americanas…


Foto de Videla

Videla

Videla

Jorge Rafael Videla, fue designado como presidente de facto por la Junta Militar golpista el 24 de Marzo de 1976. Ocupó la  presidencia argentina entre 1976 y 1981 durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Tras la recuperación de la democracia argentina en 1983, fue juzgado y condenado a cadena perpetua y destituido, también a perpetuidad, del grado militar por los numerosos crímenes cometidos durante su gobierno.

Cumplió sólo cinco años de prisión. En 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem,  hizo uso de la facultad presidencial de indulto para dictar su excarcelación, junto con la de otros miembros de la Junta Militar, así como de jefes de la policía de la Provincia de Buenos Aires y del dirigente montonero Mario Eduardo Firmenich. Menem argumentó la necesidad de “superar los conflictos pasados” para justificar su actitud.

En 1998 regresó a prisión tras que un juez dictaminara que las causas por secuestro de menores durante la guerra sucia constituían un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto eran imprescriptibles. Pasó 38 días en la cárcel de Caseros hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario en atención a su salud.

El 10 de octubre de 2008 perdió el beneficio de la detención domiciliaria, en su piso del barrio porteño de Belgrano, y fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo, la principal base militar del país. El juez encargado del caso argumentó para tomar esta decisión que la gravedad de los hechos que se le atribuyen a Videla resultan un obstáculo insalvable para la concesión de tal beneficio.

En la actualidad está encarcelado.

Se calcula que durante la dictadura “desaparecieron” más de 30.000 personas.


Pinochet de paisano

Pinochet


Pinochet

Asumió en 1973 el cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Chile jurando lealtad a la Constitución y al legítimo gobierno de Allende.

El 11 de septiembre de ese año, dirigió a un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende.  Desde ese momento, asumió el gobierno del país, primero bajo el cargo de Presidente de la Junta Militar de Gobierno (que ocupó hasta 1981), al que sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, que le confería todo poder ejecutivo. Una vez en el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron declarados «enemigos del Estado».

En 1994 todavía permanecían fuera de Chile 700.000 personas según la Oficina Nacional del Retorno.
Otras 3000, aproximadamente, fueron asesinadas y/o “desaparecidas” durante la dictadura.

En septiembre de 1998, Pinochet viajó a Londres junto a su nieto para ser sometido a una operación quirúrgica. Aunque esa solo es la versión oficial:

En una entrevista para el periódico mejicano ‘Excelsior’ el General del Ejército Británico Alan Sherman reconoció que Pinochet estaba en Londres para hacer negocios de armas con compañÍas británicas como British Aerospace y Royal Ordnance. Un periodista argentino (Rogelio García), con base en Barcelona, aseguró que Pinochet también estaría cobrando ‘su comisión’ (US$ 4.33 millones) por la venta de tres fragatas a la Marina Chilena.

Oficialmente, el Ejército y el Gobierno de Chile le advirtieron de que no saliera del país, pues existían demandas contra él en el extranjero, pero no les prestó atención, ya que poseía el fuero de senador de la República. El vuelo salió el 21   de septiembre llegando el día siguiente a Londres.

Tres días más tarde, la sección de Amnistía Internacional (AI) en el Reino Unido difundió un documento que circuló en varios países europeos, entre ellos España: “La visita del general Augusto Pinochet a Europa”.

El 16 de octubre de 1998, un Pinochet adormilado por los sedantes escuchó la orden que abría un proceso histórico:

Es arrestado por Scotland Yard a petición del juez Garzón.

Pinochet se vio obligado a fingir enfermedad mental y a sufrir juicio tras juicio hasta la fecha de su muerte.

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